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Paola Lilí García Alanís
Con la implementación del Plan Integral Frontera Sur (PIFS), en el año 2014, el Estado mexicano desplegó una serie de dispositivos y políticas de Estado que criminalizan la migración y violentan a personas provenientes del Centroamérica. Los operativos antitrata que operan desde 2013 en el Soconusco, se sumaron a las dinámicas de criminalización y han impactado de manera diferenciada en mujeres migrantes que trabajan en bares y cantinas de las zonas de tolerancia en la región. Desde la perspectiva de género y la criminología crítica, se da cuenta de las principales violaciones a derechos humanos que resultan de los operativos y que pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad ante delincuentes y tratantes de personas.
With the implementation of the Comprehensive Southern Border Plan (PIFS, for its acronym in Spanish) in 2014, the Mexican State carried out a series of State devices and policies that criminalize migration and violate human rights of people coming from Central American. The anti-human trafficking operations in force since 2013 in Soconusco added to the dynamics of criminalization and have had a differentiated impact on migrant women who work in bars and cantinas in the tolerance zones in the region. From the perspective of gender and critical criminology, the main human rights violations that result from these operations and that make women vulnerable to criminals and human traffickers are described.
