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El artículo analiza la figura de la acusación popular en el sistema procesal penal español, destacando su singularidad como mecanismo de participación ciudadana y los problemas derivados de su uso abusivo, como la judicialización de la política. Se examinan las propuestas legislativas recientes que buscan limitar su alcance y redefinir sus requisitos, evaluando los riesgos de desnaturalización frente a la necesidad de preservar su función democrática y garantizar un ejercicio equilibrado de la acción penal.
