Recientes resoluciones de la Audiencia Nacional han traído a colación la difícil compatibilidad entre el proceso penal y la preservación del secreto empresarial. Se trata de una cuestión compleja que la Ley de Secretos Empresariales abordó en su art. 15, en la línea iniciada por la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 y, en un sentido más amplio, el art. 283 bis b) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.