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En España aproximadamente existen en la actualidad 500.000 viviendas ilegales sobre las que 50.000 pesa una orden de derribo. Ante esta situación, el ordenamiento jurídico debe garantizar la adecuada protección a los legítimos titulares de los inmuebles afectados que ninguna participación tuvieron en el proceso constructivo, resultando totalmente ajenos a las irregularidades cometidas. Recientemente, el Tribunal Supremo ha reforzado notablemente las garantías dispensadas a los terceros de buena fe ampliando considerablemente su protección en línea con la jurisprudencia del TEDH. El presente trabajo pretende sistematizar los avances jurisprudenciales en la materia que refuerzan el principio de seguridad jurídica y el derecho de propiedad con la adecuada salvaguarda del principio de legalidad y de ejecución de las sentencias.
In Spain there are currently approximately 500,000 illegal homes, of which 50,000 have a demolition order. Given this situation, the legal system must guarantee adequate protection to the legitimate owners of the affected properties who had no participation in the construction process and were completely unaware of the irregularities committed. Recently, the Supreme Court has significantly strengthened the guarantees provided to third parties in good faith, considerably expanding their protection in line with the jurisprudence of the ECtHR. This work aims to systematize the jurisprudential advances in the matter that reinforces the principle of legal certainty and the right of property with the adequate safeguarding of the principle of legality and execution of sentences.
