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Quiroga León Aníbal
El artículo analiza la opinión del control difuso en el Perú y su relación con la reforma del artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El autor explica el origen del control difuso en el caso Marbury v. Madison (1803) y cómo ha sido incorporado en el derecho peruano desde la Constitución de 1856.
Asimismo, el autor examina el Proyecto de Ley 09638/2024-CR, que propone modificar el artículo 14° del LOPJ para transferir la competencia de revisión de las sentencias con control difuso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional. Así, se argumenta que esta modificación no puede realizarse solo mediante una ley ordinaria, ya que afectaría la distribución de competencias establecidas en la Constitución.
Se presentan dos opciones para viabilizar la reforma: (i) Realizar una reforma constitucional, lo cual garantizaría coherencia con el ordenamiento jurídico, aunque implicaría un proceso complejo y prolongado; (ii) Modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una alternativa más rápida pero limitada, ya que no puede alterar las competencias establecidas en la Constitución.
Finalmente, el artículo concluye que la vía más adecuada sería una reforma constitucional, a pesar de su dificultad, para asegurar un marco jurídico sólido y evitar contradicciones normativas.
This article analyzes the execution of the judicial review in Peru and its connection to the reform of the Art. 14° of the Consolidated Text of the Organic Law of the Judiciary. It explores the origins of diffuse control in Marbury v. Madison (1803) and its incorporation into Peruvian law since the 1856 Constitution.
The study examines Project Bill 09638/2024-CR, which proposes modifying Art. 14 of the LOPJ to transfer the authority to review sentences with diffuse control from the Constitutional and Social Law Chamber of the Supreme Court to the Constitutional Court. The author argues that such a modification cannot be implemented solely through an ordinary law, as it would alter the constitutional distribution of powers.
Two potential solutions are presented: (i) A constitutional reform, which would ensure legal coherence but requires a complex and lengthy process; (ii) An amendment to the Organic Law of the Constitutional Court, a quicker alternative but one that cannot override constitutional provisions.
The article concludes that a constitutional reform, despite its challenges, is the most appropriate course of action to maintain legal stability and consistency.
