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Se trata de una investigación llevada a cabo por la ONG Espacio Público. En ella se da cuenta –a través del monitoreo propio de casos de violaciones a la libertad de expresión, y en entrevistas abiertas semiestructuradas realizadas a un grupo de periodistas que fueron anonimizadas– del impacto de la intervención estatal en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y de prensa durante las elecciones del 28 de julio de 2024.
