Uno de los argumentos más sólidos para defender la imposición sobre la riqueza es el innegable incremento de la desigualdad que se manifiesta en la distribución de la renta y es aún más pronunciada en la distribución personal de la riqueza. La imposición sobre la riqueza debería ser un instrumento clave en la fiscalidad del siglo XXI para incrementar los recursos y distribuir la carga impositiva en función de la verdadera distribución de la renta y la riqueza. Porque un nivel excesivo de desigualdad erosiona la cohesión social, daña el buen funcionamiento de los sistemas democráticos, lastra el crecimiento económico, contribuye a las vulnerabilidades estructurales de los sistemas financieros y, debido a la formación de burbujas en los precios de los activos, aumenta la probabilidad de crisis financieras.