Resumen de Dotaciones económicas de las Corporaciones Locales a los grupos políticos: problemática, fiscalización por el Tribunal de Cuentas y su reciente reforma legislativa

Alicia García del Castillo Pérez de Madrid

• español

  Las dotaciones económicas asignadas por las Corporaciones Locales a los grupos políticos o institucionales tienen reconocida la naturaleza de subvenciones públicas destinadas a su financiación ordinaria, si bien adolecen de una insuficiente regulación, que ha dado lugar a la necesidad de completarla por parte de la jurisprudencia, la doctrina y diversos pronunciamientos del Tribunal de Cuentas.

  En especial, destacan los resultados obtenidos en el Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de municipios capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales, ejercicio 2022, entre otros informes y mociones aprobados por el Tribunal de Cuentas, así como la Sentencia n.º 18/2011, de 19 de diciembre, de la Sala de Justicia. Al margen de la escasa regulación legal sobre la materia, el Tribunal de Cuentas ha detectado deficiencias tanto en el desarrollo normativo realizado por los ayuntamientos fiscalizados como en los procedimientos de rendición de cuentas, justificación y control de los fondos públicos asignados a los grupos políticos locales.

  Las últimas resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y la reciente reforma de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, en relación con el régimen de las aportaciones de los grupos políticos locales a sus respectivas formaciones políticas, lejos de aclarar la situación de incertidumbre, han añadido mayor confusión sin contribuir, por tanto, a resolver la problemática que, todavía hoy, persiste sobre las dotaciones económicas que perciben los grupos institucionales locales.

• English

  The economic allocations assigned by Local Entities to political or institutional groups are recognized as public grants intended for their ordinary financing, although they suffer from insufficient regulation, which has given rise to the need to complete it by case-law, doctrine and several pronouncements of the Spanish Court of Audit (SCA).

  Particularly noteworthy are the results obtained in the Audit Report on the actions carried out by the city councils of provincial capital municipalities regarding the economic allocations assigned to local political groups, fiscal year 2022, among other reports and motions approved by the SCA, as well as Judgment no. 18/2011, of December 19, 2011, of the Chamber of Justice. Apart from the limited legal framework on the matter, the SCA has pointed out deficiencies both in the regulatory development carried out by the audited municipalities and in the procedures for rendering accounts, justification and control of the public funds granted to the local political groups.

  The latest resolutions of the Joint Congress-Senate Committee for relations with the SCA and the recent reform of the Law providing the Foundations of the Local Regime, concerning the contributions of local political groups to their respective political parties, have not only failed to clarify the prevailing legal uncertainty but have, in fact, further exacerbated it. As a result, the challenges surrounding the economic allocations obtained by local political groups remain unresolved.