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Manuel Serrano Conde
La aplicación práctica por la Jurisprudencia, una vez reconocida la reversión, ha dado lugar a un supuesto concreto de injusticia material manifiesta obligando a un reversionista a pagar los intereses de demora en la determinación del justiprecio de reversión durante un período de 11 años, a pesar de que no era el responsable de esa demora. En efecto, la denegación de su solicitud de reversión por la Administración titular del bien, efectuada en el año 2006, resultó ser injustificada, obligando a dicho reversionista, no solo a acudir a la vía jurisdiccional, que le dio la razón en el año 2010, sino también a que dicha Sentencia se viera después confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013. Posteriormente, la ejecución de esa Sentencia dio lugar a que se dictara resolución por el Jurado de Expropiación en el año 2016, ratificada a su vez por otra Sentencia del año 2018, y a pesar de la consignación del justiprecio, cuando se consigue por fin la ejecución provisional de la Sentencia en 2024, tras un complejo y largo proceso de más de 18 años, imputable solo a la actitud obstruccionista y deliberada de la Administración, se condena a pagar los intereses del artículo 56 de la LEF en la entrega del bien, como si el reversionista fuera el responsable de la demora de todo este periplo judicial. ¿Se habrían devengado esos intereses de demora si la Administración titular del bien hubiera reconocido el derecho de reversión en el año 2006? Y aun no reconociéndolo ¿es el reversionista responsable de esta demora? Lógicamente, no lo es, por lo que resulta necesaria y urgente una reforma legal que impida que el reversionista se vea obligado a pagar los intereses de demora en la determinación del justiprecio desde que pide la reversión, que le fue injustamente denegada, porque la redacción actual no es suficientemente clara y explicita a este respecto y ha dado lugar a una situación de injusticia material como la descrita
The practical application by the Jurisprudence, once the reversion has been recognized, has given rise to a specific case of manifest material injustice, obliging a reversionist to pay the interest for delay in the determination of the reversionary compensation for a period of 11 years, despite the fact that he was not responsible for the delay. In fact, the denial of his request for reversion by the Administration that owned the property, made in 2006, turned out to be unjustified, forcing the reversionist not only to resort to the Courts, which ruled in his favor in 2010, but also to have that judgment later confirmed by the Supreme Court in 2013. Subsequently, the execution of that Judgment, led to a decision being issued by the Expropriation Jury in 2016, ratified in turn by another Judgment in 2018 and despite the payment of the price, when the provisional execution of the Judgment was finally obtained in 2024, after a complex and long process of more than 18 years, attributable only to the obstructionist and deliberate attitude of the Administration, they are sentenced to pay the interests of article 56 of the LEF in the delivery of the property, as if the reversionist was responsible for the delay of all this judicial process. Would this late payment interest have been accrued if the Administration that owns the property had recognized the right of reversion in 2006? And even if it had not recognized the right of reversion, would it be the reversionist who was responsible for the delay in the whole judicial process?
