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La reciente implantación en España de la acreditación de un intento previo de solución extrajudicial del conflicto —mediante un MASC— como requisito de procedibilidad trae consigo un importante esfuerzo de adaptación por parte de los actores del mundo del Derecho. Los jueces afinan criterios para que el nuevo filtro no obstaculice derechos (permitiendo ciertas excepciones), los abogados reclaman garantías y recursos para que el uso de MASC sea efectivo (formación, turnos de mediación gratuita, compensación económica) y la doctrina debate sobre los ajustes, que muy seguramente, serán necesarios. El Gobierno promulgador de la norma, una vez más, yerra en la técnica legislativa.
