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Adrián Gómez Linacero
Los requisitos de procedibilidad derivados de los MASC y el nuevo régimen de las costas procesales de la LO 1/2025, de 2 de enero, exigen, en pro de la seguridad jurídica, una labor hermenéutica de unificación de criterios en aquellos puntos en que la norma presenta lagunas, para esclarecer conceptos indeterminados, toda vez que su aplicación afecta al derecho de acceso a la jurisdicción.
En este sentido, sería conveniente que las instituciones competentes (CGPJ, Juntas de Jueces, Secretarias de Gobierno y Ministerio de Justicia, entre otras), en colaboración con la Abogacía española, promoviesen guías prácticas y pautas interpretativas. Aunque sabemos que estas iniciativas no serían jurídicamente vinculantes para los Tribunales, ejercerían de facto una influencia determinante en el modo de aplicación de la norma y redundarían en el interés general.
