El presidente del Tribunal Constitucional ha suscitado un «debate jurídico», que podría tildarse de «superfluo» o «impertinente», a raíz de dos concretos asuntos judiciales en curso, sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales europeas en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Constitucional u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución; así como su relación con el deber de velar por el cumplimiento efectivo de las resoluciones del TC.
Dicho «debate» y actuaciones del TC relacionadas con dichos asuntos, a juicio del autor, podrían estar perturbando la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial de Sevilla y ser contrario al régimen jurídico de la cuestión prejudicial europea.