Roberth Steven Gutiérrez Murillo, Gustavo Cezar Wagner Leandro
, Eliana Mourges Codoy
, Patrícia Krieger Grossi
La población de Centroamérica está envejeciendo a un ritmo acelerado, sin embargo, la respuesta de los gobiernos ha sido inconsistente y, en ocasiones, equivocada. Para profundizar en el conocimiento de esta problemática, proponemos una visión socio-histórica de la institucionalidad pública del envejecimiento y la vejez. Empleamos los principios de la gerontología crítica, con un enfoque específico en la legislación especializada para adultos mayores, para aclarar el alcance de las garantías reconocidas en cada marco normativo nacional. El logro más significativo ha sido la formación de consejos nacionales, encargados de supervisar y aplicar los planes nacionales de envejecimiento, así como de velar por el cumplimiento de las garantías consagradas en la legislación vigente. Aunque todos los estados han incorporado una norma institucional sobre el envejecimiento, la trayectoria de su desarrollo ha sido bastante divergente, lo que ha dado lugar a una serie de retos burocráticos. Al examinar los logros y los retos actuales, identificamos los elementos retóricos, políticos y prácticos clave que tipifican el enfoque público, dilucidando así las características que enmarcan la respuesta institucional entre estos países.
The population of Central America is aging at an accelerated pace, yet the response of governments has been inconsistent and, at times, misguided. To gain a deeper understanding of this issue, we propose a socio-historical overview on the public institutionalization of aging and old age. We employed the principles of Critical Gerontology, with a specific focus on specialized legislation for older adults, to clarify the extent of legal safeguards recognized in each national regulatory framework. The most significant achievement has been the formation of national councils, which are responsible for overseeing and implementing national aging plans, as well as ensuring compliance with the guarantees enshrined in current legislation. While all States have incorporated an institutional standard on aging, the trajectory of their development has been quite divergent, resulting in a series of bureaucratic challenges. In examining the achievements and ongoing challenges, we identify the key rhetorical, policy, and practice elements that typify the public approach, thereby elucidating the characteristics that frame the institutional response among these countries.