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Ramiro Prieto Aguiar
La globalización, no se reduce únicamente a la relación entre Estados soberanos. Implica un espacio jurídico común, en el que interactúan con organizaciones no gubernamentales y entidades privadas, que repercute en el Derecho Internacional Público y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este escenario, los Estados están obligados a prestar cumplimiento a los derechos humanos en forma individual, y deberán interceder, promover y garantizar el respeto, dentro de su jurisdicción, por todas las personas u entidades privadas que lo integran. Los Principios Rectores de Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos, se han constituido en un marco normativo global, fungiendo como estándares internacionales de referencia, recogidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para analizar el accionar de las corporaciones y evaluar la responsabilidad de los Estados por la violación de derechos humanos por parte de las empresas. Con este panorama, resulta necesario repensar la agenda tradicional de los derechos humanos (que coloca solamente sobre los Estados la obligación específica de respetarlos), extendiendo su margen de acción, hacia todos los integrantes de la colectividad (incluidas las empresas), quienes tienen deberes generales de respeto (recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos vinculantes), poniendo en discusión las reglas de atribución de responsabilidad internacional que colocan al Estado como responsable exclusivo de las violaciones a los derechos humanos.
Globalization is not just about the relationship between sovereign states. It implies a common legal space, in which they interact with non-governmental organizations and private entities, which has an impact on public international law and on international human rights law. In this scenario, States are obliged to comply with human rights individually and must intercede, promote and ensure respect within their jurisdiction by all individuals or private entities that make up the State. The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights have been established as a global normative framework, serving as international reference standards, as reflected in the case law of the Inter-American Court of Human Rights, to analyse the actions of corporations and assess the responsibility of States for human rights violations by companies. With this in mind, it is necessary to rethink the traditional human rights agenda (which places only on States the specific obligation to respect them), extending its scope of action towards all members of the community (including companies), those with general duties of respect (as set out in the Universal Declaration of Human Rights and other binding human rights instruments), by challenging the rules of attribution of international responsibility that place the State as the sole responsible for human rights violations.
