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Rafael Pardo Gabaldón
La promoción del trabajo autónomo en nuestro país ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas, dado el impacto estructural del desempleo y la necesidad de crear alternativas sostenibles a través del autoempleo. Las reformas legales en torno a la capitalización del desempleo, la tarifa plana de seguridad social para nuevos cotizantes al RETA y la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el trabajo autónomo, entre otras medidas, configuran un cuerpo normativo orientado a facilitar la transición de los desempleados hacia el emprendimiento. No obstante, el contenido y eficacia de estos instrumentos resultan claramente mejorables como se destaca en el estudio. En este sentido, las restricciones en cuanto a la percepción del pago único o los límites en la compatibilización de la prestación con el trabajo autónomo evidencian las tensiones entre el incentivo al autoempleo, la sostenibilidad financiera y la salvaguardia de la protección social. Aun resultando evidente como la evolución normativa, -especialmente a partir de la Ley 31/2015 y reformas posteriores- constituye un reflejo de los desafíos de nuestro derecho del trabajo y de seguridad social en su intento de adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral y sus necesidades de flexibilidad, seguridad y protección, no es menos cierto que dicha normativa presenta numerosos puntos críticos como se destaca en el trabajo.
The promotion of self-employment in our country has become particularly important in recent decades, given the structural impact of unemployment and the need to create sustainable self-employment alternatives.The legal reforms regarding the capitalization of unemployment, the flat rate of social security for new RETA contributors and the possibility of combining unemployment benefits with self-employment, among other measures, constitute a body of regulations aimed at facilitating the transition of the unemployed towards entrepreneurship.However, the effectiveness of these instruments has given rise to a broad legal debate.The restrictions regarding the receipt of the single payment or the limits on the compatibility of the benefit with self-employment show the tensions between the incentive to self-employment, financial sustainability and the safeguarding of social protection.In this context, the regulatory evolution, especially since Law 31/2015 and subsequent reforms, is a reflection of the challenges of our labor law in its attempt to adapt to the new realities ofthe labor market and its needs for flexibility, security and protection.
