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Madrid, España
La doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de libertad de expresión y despido de trabajadores han establecido un marco normativo fundamental que protege derechos fundamentales en el ámbito laboral: así, y en primer lugar, el Tribunal Constitucional ha reconocido que la libertad de expresión es un derecho fundamental que no solo se aplica en el ámbito público sino que también se extiende al entorno laboral, siempre que la expresión no afecte gravemente la buena fe contractual; y en segundo término la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha enfatizado que el despido de un trabajador por ejercer su derecho a la libre expresión puede considerarse nulo si se determina que dicho despido es desproporcionado, además de haber establecido que la justificación del despido debe ser rigurosamente analizada, considerando el contexto y el contenido de las manifestaciones realizadas por el trabajador. En conclusión, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han configurado un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de las empresas, promoviendo un entorno donde la libertad de expresión se respete y, al mismo tiempo, se salvaguarde la convivencia en el ámbito laboral.
The doctrine of the Constitutional Court and the jurisprudence of the Supreme Court in matters of freedom of expression and dismissal of workers have established a fundamental regulatory framework that protects fundamental rights in the workplace: firstly, the Constitutional Court has recognized that freedom of expression is a fundamental right that not only applies in the public sphere but also extends to the work environment, provided that the expression does not seriously affect contractual good faith; and secondly, the case law of the Supreme Court has emphasized that the dismissal of an employee for exercising his right to free speech can be considered null and void if it is determined that such dismissal is disproportionate, in addition to having established that the justification for the dismissal must be rigorously analysed, considering the context and content of the statements made by the employee. In conclusion, both the Constitutional Court and the Supreme Court have struck a balance between the rights of workers and the needs of companies, promoting an environment where freedom of expression is respectedand, at the same time, coexistence in the workplace is safeguarded.
