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Ubaldo González de Frutos
La globalización ha multiplicado exponencialmente el volumen de las transacciones internacio-nales; a la vez, las cotas de madurez institucional alcanzadas por Administraciones tributarias de todo el mundo, impulsadas por el proceso BEPS, han multiplicado las inspecciones fiscales en países desarrollados y en desarrollo, resultando en un buen número de conflictos tributa-rios transfronterizos. El recurso habitualmente aplicado para resolverlos es el procedimiento amistoso (mutual agreement procedure o MAP), pero este procedimiento no obliga a resolver la disputa, simplemente compromete a los Estados a poner su mejor intención en hacerlo. Por eso, no es infrecuente que los MAP acaben sin una resolución efectiva. Esto llevó al sector privado a demandar una mejora de los MAP –lo que se produjo por la acción 14 de BEPS– y a reclamar un proceso que no pueda terminar sin una resolución del fondo del asunto, proceso que no es otro que el arbitraje tributario internacional, obligatorio y vinculante. La OCDE viene tratando de impulsarlo desde que en 2008 lo incluyó en el modelo de convenio, y así lo ha promovido en la acción 14 de BEPS, en el instrumento multilateral de la acción 15 de BEPS y, más recientemente, en el Convenio multilateral para implementar el monto A del pilar 1, todavía no abierto a la firma. Pese a todos estos esfuerzos, la ratio de aceptación del arbitraje interna-cional obligatorio y vinculante por parte de los países no supera el 15 %, y en su mayoría son países avanzados. El resto del mundo no ve con simpatía este procedimiento por limitaciones constitucionales o jurisprudenciales, porque carecen de experiencia y de equipos para preparar la exposición de los argumentos ante el árbitro o porque las experiencias que han tenido con casos de arbitraje bajo tratados de protección recíproca de inversiones no siempre han sido positivas. En este momento, nos encontramos en un momento crítico para el progreso de la institución del arbitraje tributario internacional.
Globalization has exponentially multiplied the volume of international transactions; at the same time, the levels of institutional maturity reached by that tax administrations around the world, fueled by the BEPS process, have multiplied tax audits in developed and developing countries alike, resulting in a good number of cross-border tax conflicts. The remedy usually applied to resolve them is the Mutual Agreement Procedure (MAP), but this instance does not require the dispute to be solved; it simply commits the States to putting their best intentions into doing so. That is why it is not uncommon for MAPs to end without an effective resolution. This led the private sector to demand an improvement in the MAPs –which occurred through BEPS Action 14– and to call for a process that cannot end without a conclusion, and that process is international tax arbitration. The OECD has been trying to promote mandatory and binding arbitration since it was included in the Model Convention in 2008, and has thus pushed it into BEPS Action 14, into the Multilateral Instrument of BEPS Action 15, and more recently into the Multilateral Agreement to implement Amount A of Pillar 1, not yet open to signature. Despite all these efforts, the acceptance rate by countries around the world does not exceed 15 %, and the majority are advanced economies. The rest of the world does not regard this procedure with sympathy because of constitutional or jurisprudential limitations, lack of experience and skilled staff to prepare the presentation of arguments before the arbitrator, or because the experiences they have had with arbitration cases under Reciprocal Investment Protection Treaties have not always been positive. These days, we are in a pivotal moment for the development of international tax arbitration as an institution.
