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Mónica Benavente Norza
En comparación con los laudos de otros órganos de arbitraje, la obtención de un laudo GAFTA ofrece a la parte vencedora un valor añadido al aumentar la presión comercial sobre los incumplidores mediante la publicación de las referencias de los laudos impagados y los nombres de los morosos en una lista de morosos. Sin embargo, en los casos en que un incumplidor sigue negándose a cumplir sus obligaciones en virtud de un laudo, la parte vencedora no tiene otra opción que ejecutar el laudo al amparo de la Convención de Nueva York. En estos casos, los incumplidores suelen alegar la excepción de orden público para intentar obstaculizar la ejecución del laudo o hacerla muy costosa y lenta. Este artículo trata de comprender mejor las razones que explican esta situación y propone alternativas para mejorarla.
Compared to awards from other arbitration bodies, obtaining a GAFTA award offers the prevailing party added value by increasing commercial pressure on the defaulters via the publication of unpaid award references and defaulters’ names on a defaulter list. However, in cases in which a defaulter still refuses to honour their obligations under an award, the winning party has no option but to enforce the award under the umbrella of the New York Convention. In these cases, defaulters frequently raise the public policy exception in an attempt to hamper the execution of the award or to make it very expensive and time-consuming. This paper seeks to better comprehend the reasons behind this situation and proposes alternatives for improving it.
