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José Miguel Sánchez Ocaña
Las cláusulas sociolaborales en los contratos del sector público se han enfrentado desde sus inicios a un juicio de constitucionalidad y legalidad intenso por parte de órganos administrativos de recursos y consultivos y de órganos jurisdiccionales autonómicos. Este examen, con resultados mayoritariamente escorados hacia la antijuridicidad de las cláusulas en liza, se agudiza especialmente respecto de las cláusulas que los órganos de contratación incorporan potestativa y discrecionalmente a los pliegos y el contrato y, sobre todo, en lo tocante a las orientadas a mantener o mejorar los derechos laborales de las personas adscritas a la contrata. En este artículo se contrastan las objeciones planteadas a las cláusulas laborales remuneratorias por los principales actores jurídicos en relación con los márgenes definidos por el ordenamiento.
The social and labour clauses in public sector contracts have been subjected to rigorous constitutional and legal scrutiny by administrative appeals and advisory bodies, as well as by regional courts. This scrutiny, the results of which are predominantly biased towards the unlawfulness of the clauses in question, is particularly acute with regard to the clauses that the contracting bodies incorporate, at their discretion, into the specifications and the contract. Furthermore, it is particularly acute with regard to the provisions aimed at maintaining or improving the employment rights of the persons assigned to the contract. This article contrasts the objections raised to remuneration clauses by the main legal actors with the margins defined by the law.
