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El “Decreto-Lei” n.º 11/2025, de 19 de febrero, transpone parcialmente la Directiva (UE) 2024/1275, que refuerza las medidas de eficiencia energética en el sector de la construcción con el objetivo de reducir el consumo energético y la dependencia de combustibles fósiles en la Unión Europea. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan REPowerEU, orientado a acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible y resiliente.
La nueva normativa responde a la necesidad urgente de descarbonizar los edificios, dado que estos representan una proporción significativa del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. En este sentido, el “Decreto-Lei” introduce cambios en el “Decreto-Lei” n.º 101-D/2020, de 7 de diciembre, que regula el Sistema de Certificación Energética de Edificios y establece requisitos para mejorar su desempeño energético.
Esta normativa establece la eliminación de los incentivos financieros a la instalación de calderas autónomas que funcionen con combustibles fósiles a partir del 1 de enero de 2025. Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que el apoyo financiero esté en sintonía con la transición hacia energías limpias y renovables. No obstante, se prevé una excepción para aquellos proyectos que ya hayan recibido financiación antes de esa fecha bajo programas europeos específicos, como el Reglamento (UE) 2021/241, el Reglamento (UE) 2021/1058 y el Reglamento (UE) 2021/2115. De esta manera, el marco legal proporciona seguridad a las inversiones previamente aprobadas, asegurando una transición ordenada hacia nuevas tecnologías de calefacción más sostenibles.
Además, se modifica el Decreto-Ley n.º 101-D/2020 con la actualización de sus artículos 3.º y 34.º, donde se introducen nuevas definiciones clave que garantizan una mejor aplicación de la normativa. Se establece el concepto de “caldera autónoma”, que se define como un generador térmico no combinado con fuentes de energía renovable que cubra la mayor parte del consumo energético del sistema. Asimismo, se clarifica la definición de “combustibles fósiles”, adoptando el criterio del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción Climática. Con estas modificaciones, la normativa se adapta a los nuevos estándares europeos, facilitando su implementación y evitando interpretaciones ambiguas que puedan afectar la transición energética.
Este decreto refuerza la estrategia nacional y europea de transición energética, ya que se destina a: reducir el consumo de combustibles fósiles en el sector de la construcción, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos climáticos de la UE; promover tecnologías sostenibles en los sistemas de calefacción y climatización de edificios; acelerar la transición hacia energías renovables, garantizando que las inversiones futuras en infraestructura térmica sean compatibles con los objetivos de neutralidad climática; fomentar la eficiencia energética en los edificios, lo que contribuirá a la reducción de las emisiones de CO₂ y al cumplimiento de la Agenda 2030.
Además, la medida forma parte de una estrategia más amplia para el cumplimiento de los objetivos climáticos y energéticos de Portugal, promoviendo la reducción de la pobreza energética y asegurando un acceso más equitativo a soluciones de calefacción eficientes.
