La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2025 por la que declara que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley, podría contener elucubraciones contrarias a la regulación de la cuestión prejudicial europea.