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Victor Maneiro Hervella
En este artículo se abordarán cuestiones conflictivas relativas a la seguridad social de la contratación de personal investigador, concretamente, los problemas en materia de cotización. La transición de becarios a trabajadores por cuenta ajena, con los correspondientes derechos laborales y de seguridad social, ha generado una serie de disfunciones e interrogantes, como quién se hace cargo de estas cotizaciones: la Universidad o centro de investigación o la entidad que financia su contratación. Comenzaremos este trabajo con la posibilidad aprobada recientemente de celebrar un convenio especial con la Seguridad Social a efectos de poder computar la cotización por los períodos en que hubieran participado en programas de formación de naturaleza investigadora antes de que los becarios empezasen a cotizar en 2006. A continuación, se analizarán los principales conflictos en materia de seguridad social del contrato predoctoral de la Ley de la Ciencia. Finalmente, se estudiarán los recientes pronunciamientos jurisprudenciales respecto a la cotización de los investigadores postdoctorales Margarita Salas y María Zambrano.
This article will address conflicting issues related to the social security of the recruitment of research staff, in particular the problems in terms of contributions. The transition from fellows to employed workers, with the corresponding labour and social security rights, has generated a series of dysfunctions and questions, such as who is responsible for these contributions: the university or research centre or the entity funding their contract. We will begin this article with the recently approved possibility of entering into a special agreement with the social security agency in order to calculate the contribution for the periods in which research fellows had participated in research training programmes before they began to contribute in 2006. We will then analyse the main conflicts in terms of social security of the predoctoral contract of the Science Act. Finally, we will study the recent jurisprudential decisions regarding the contribution of postdoctoral researchers on the Margarita Salas and María Zambrano fellowships.
