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Diego Muñoz Higueras
, Amadeo Fuenmayor Fernández, Rafael Granell Pérez
Las rentas mínimas de inserción son un tipo de prestación económica que actúa como última red de seguridad ante la pérdida de ingresos y situaciones de exclusión social. El desarrollo regional de estas prestaciones ha generado diferencias importantes a nivel normativo y presupuestario, así como problemas de equidad interterritorial en España.A pesar de la extensa literatura que ha evaluado la cobertura y resultados de los programas de rentas mínimas de inserción autonómicas en España, hasta donde conocemos no existen estimaciones de non-take-up para estas prestaciones. Este indicador, que mide el porcentaje de población que cumple los criterios de elegibilidad pero no solicita la prestación, debe acompañar a la tasa de cobertura al evaluar el desempeño de una política pública. Esta laguna en la evaluación se ha debido, entre otros factores, a la falta de una base de datos adecuada.Este estudio, realizado con datos del Panel de Hogares, estima que el non-take-up de las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas de Régimen Común en 2019 osciló entre el 55% y el 94%, dependiendo del programa analizado. Este porcentaje es superior al de otros países de nuestro entorno. El estudio también analiza la capacidad protectora del conjunto de rentas mínimas autonómicas, que expulsa a más del 50% de la población en riesgo de pobreza debido a los requisitos de acceso.En 2020 se implementó en toda España el Ingreso Mínimo Vital, prestación que tiene entre sus objetivos la homogeneización y racionalización de las prestaciones de ingresos mínimos. Sin embargo, hasta el momento, tampoco se ha logrado reducir de manera significativa el nontake-up existente.
