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José Luis Gil y Gil 
Tras décadas de aplicación pacífica del régimen jurídico de la indemnización por despido improcedente, la reforma laboral de 2012 y, sobre todo, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el control de convencionalidad difuso y la entrada en vigor de la Carta Social Europea han propiciado las críticas a la reducción de las cuantías y al establecimiento de un límite para las indemnizaciones. El artículo se divide en dos partes. La primera analiza la exigencia de una indemnización adecuada en el Convenio núm. 158 de la OIT, de 1982, sobre terminación de la relación de trabajo, y la fuerza persuasiva, y no vinculante, de los pronunciamientos de los órganos de supervisión y control de la OIT. La segunda estudia la adecuación del ordenamiento jurídico interno. Concluye que los jueces y tribunales no pueden aplicar de forma directa el artículo 10 del Convenio núm. 158 de la OIT; defiende la compatibilidad, en algunos casos, de la indemnización por despido y la indemnización por daños y perjuicios, y realiza algunas propuestas de reforma de la regulación vigente. Las conclusiones del estudio pueden servir para clarificar también algunos de los aspectos controvertidos de la discusión en torno al artículo 24 de la Carta Social Europea y la fuerza de los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales.
After decades of stable application of the legal framework governing compensation for unfair dismissal, the 2012 labour reform –along with the Constitutional Court’s doctrine on diffuse control of conventionality and the entry into force of the European Social Charter– has sparked criticism regarding the reduction of compensation amounts and the introduction of statutory limits. The first part of this article examines the requirement for adequate compensation under ILO Convention No. 158 (1982) and the persuasive but non-binding nature of the pronouncements of ILO supervisory bodies. The second part assesses the adequacy of the domestic legal framework, arguing that judges and courts cannot directly apply Article 10 of ILO Convention No. 158. It also explores the potential compatibility, in certain cases, of financial compensation for unfair dismissal with claims for additional damages and proposes reforms to the existing legal framework. The study’s conclusions may also contribute to clarifying some of the contentious issues surrounding Article 24 of the European Social Charter and the legal weight of the European Committee of Social Rights’ pronouncements.
