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Jaime Cabeza Pereiro 
La más reciente jurisprudencia del TS amplía los supuestos en los que la huelga limita la capacidad de decisión de una empresa principal. Hasta ahora, vulneraba el derecho fundamental la decisión producida dentro de un grupo de empresas de cambiar la entidad que presta el servicio cuando la que lo desarrollaba está afectada por una convocatoria de huelga. Después de una sentencia de 14 noviembre 2024, la misma infracción puede cometerse por una empresa que contrata o subcontrata parte de su actividad cuando hay entre todas las entidades de la red de subcontratación unas especiales vinculaciones que facilitan esa sustitución mediante pactos que la hacen muy sencilla. En realidad, no se trata de un cambio muy relevante, sino sólo de una pequeña ampliación de responsabilidades sobre la eficacia mínima de una huelga. En este artículo se defiende una protección amplia de la eficacia de las medidas de conflicto, que involucre más a las empresas principales en la solución del mismo y les imponga un mayor deber de protección del derecho de huelga. Sin embargo, esa amplitud no ha sido asumida hasta ahora por el TS.
The most recent case law of the Supreme Court expands the cases in which industrial action limits the decision-making capacity of a main company. Until now, the fundamental right was violated by the decision made within a group of companies to change the entity that provides the service when the one that developed it is affected by a strike call. After a ruling of November 14, 2024, the same violation can be committed by a company that subcontracts part of its activity when there are special links between all the entities in the subcontracting network that facilitate this substitution through agreements that make it very simple. In reality, it is not a very relevant change, but only a small extension of responsibilities regarding the minimum effectiveness of a strike. This article advocates a broad protection of the effectiveness of industrial action, which involves the main companies more in the resolution of the conflict and imposes on them a greater duty to protect the right to strike. However, this wideness has not been assumed until now by the Supreme Court.
