Madrid, España
El derecho a una defensa adecuada incumbe a los Estados, quienes están obligados a suministrar, en determinados supuestos, una asistencia jurídica gratuita. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa valora la fórmula de justicia gratuita de nuestro ordenamiento jurídico, como un modelo de justicia garantista, sólido e inclusivo, que reconoce el derecho a recibir los beneficios de esta asistencia por razones económicas, introduciendo a personas jurídicas excluidas hasta ese momento, en determinados procedimientos, y pone de manifiesto la necesaria extensión del derecho a personas especialmente vulnerables, con independencia de sus recursos, garantizando su accesibilidad universal para asegurar el derecho de defensa en igualdad de condiciones, con enfoque de género y discapacidad.