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María Jesús Gallardo Castillo 
Estando próximo el décimo aniversario de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Pública (LPAC) se impone hacer balance y, con él, un replanteamiento en profundidad de las instituciones y figuras que regula. Este trabajo pretende poner de manifiesto los aspectos más relevantes y que mayor incidencia tienen respecto del sistema de derechos y garantías de los interesados en el procedimiento y cuya regulación debe mejorarse en una reforma que se revela urgente y necesaria y que deberá incorporar la doctrina jurisprudencial dictada en estos años, para así ofrecer un texto que añada seguridad jurídica y trato homogéneo a todos los ciudadanos en su relación con las administraciones públicas.
