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Derivado de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, en el cual se modifican diversos paradigmas de la integración de los elementos elegibles para los Entes Jurisdiccionales a través del voto popular, siendo uno de los más controversiales la exigencia del promedio general de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica, con lo que queda ambiguo y subjetivo la forma de evaluar a los interesados.
