Diego Alexander Berbessi Fernández
En el marco de la contratación pública, el ordenamiento jurídico colombiano dota a la Administración de unas potestades sancionatorias que tienen como finalidad asegurar el cumplimiento del contratista de las obligaciones pactadas con miras a garantizar la efectiva y continua prestación del servicio público. Estas sanciones se materializan en las instituciones de la multa, la cláusula penal y la caducidad del contrato. Este trabajo, con el objetivo de aportar a un mejor entendimiento de estas, recoge un análisis a partir de la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado de la naturaleza y funcionamiento de cada una de estas figuras, así como de los puntos que más suscitan controversia en la práctica judicial alrededor de ellas.