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Vivian Garbanzo Navarro, Rafael Picado López, Félix Vásquez Ortiz, Thayra Esquivel Hernández
La percepción de la corrupción se ha posicionado desde el año 2022 como uno de los 4 principales problemas que aqueja a la sociedad costarricense (Universidad de Costa Rica, 2024), asimismo, según lo ha medido esta Contraloría General en la Encuesta Nacional de Prevención de la Corrupción (2020), la ciudadanía y los funcionarios públicos perciben mayor corrupción en los trámites de permisos de construcción, seguido por las licencias comerciales (patentes). La Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Integridad Pública (2017) la define como “...la alineación coherente y la adhesión a valores, principios y normas éticos compartidos para defender y dar prioridad al interés público por encima de los intereses privados dentro del sector público”. Este artículo aborda diversos hallazgos en materia de riesgos de integridad pública, mecanismos para prevenir la corrupción y la gestión de trámites municipales de permisos de construcción y licencias comerciales (patentes), producto de las acciones de fiscalización realizadas por esta Contraloría General. Para esto, las Áreas de Investigación para la Denuncia Ciudadana, Desarrollo Local y el Área para la Innovación y el Aprendizaje en la Fiscalización conformaron un equipo de trabajo orientado en los pilares de la disciplina ágil y el ciclo de vida de los proyectos de analítica. La transparencia con la que fluye la información, la inspección sobre las tareas que desarrolla un equipo, y la adaptación para ajustar las acciones según el contexto y las necesidades, son pilares fundamentales del marco de trabajo ágil Scrum, cuya adopción contribuyó al éxito del proyecto. Por otra parte, seguir una metodología técnica para desarrollar el trabajo de analítica, asegura el orden y la calidad de los resultados obtenidos. La metodología Crisp-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) facilita la implementación de modelos de datos con base en la iteración de tareas de entendimiento del negocio y los datos, la preparación, el modelado y su evaluación. De la cual se genera nuevo conocimiento sobre la materia fiscalizada. De manera que, bajo estos novedosos marcos de trabajo, el desarrollo del proyecto permitió identificar situaciones de vulnerabilidad a las cuales se plantearon acciones de respuesta para su atención. Por un lado, se encontraron personas relacionadas con los trámites de permisos de construcción y licencias comerciales (patentes) que no estaban obligadas a presentar su declaración jurada de bienes (DJB), aun cuando las funciones desempeñadas hacían suponer que sí deberían hacerlo. Esto puede debilitar el carácter preventivo que dicho instrumento promueve. Además, se detectó que en algunas municipalidades una misma persona desempeñaba roles de análisis, aprobación e inspección, lo que puede generar una concentración de funciones incompatibles según las regulaciones de control. La formulación e implementación de un proceso de Seguimiento a la Gestión Pública (SGP)3 en 17 municipalidades4, también permitió evaluar el estado de la gestión y los mecanismos de prevención de la corrupción implementados en los trámites bajo estudio. Esto en procura de promover acciones de parte de los tomadores de decisión, en cuanto a mejoras en la prevención de riesgos de corrupción y la rendición de cuentas. Por otra parte, continuando con la ejecución del proyecto principal, se identificaron nuevas situaciones asociadas con aparentes conflictos de interés y posibles omisiones o falsedades en las declaraciones juradas de bienes de algunas personas funcionarias relacionadas con los trámites de interés; que podrían suponer infracciones a la legislación y acarrear sanciones a los funcionarios.
