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Miguel Ángel Sánchez del Águila
Las dos estrategias principales existentes en nuestro país para la lucha contra la pobreza: la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, adolecen de los mismos defectos principales: metas con frecuencia ambiguas y no siempre enlazadas con las definidas por Naciones Unidas para el ODS 1 y falta de coordinación con las estrategias que con el mismo objetivo desarrollan las CCAA y EELL.
Problemas similares se reproducen en la medida más potente de lucha contra la pobreza: el Ingreso Mínimo Vital.
Por otra parte, ningún informe ministerial analiza los datos estadísticos existentes sobre el ODS 1, evalúa el progreso hacia sus metas o apunta las medidas que deben tomarse para corregir potenciales desviaciones, por lo que para conocer la situación respecto a las metas del ODS 1 hay que acudir directamente a los indicadores desarrollados por el INE.
Para las metas no cuantificadas del ODS 1, los indicadores señalan una evolución positiva para casi todos ellos, aunque sin poder precisar si la mejora es suficiente. Sin embargo, para las metas cuantificadas la situación es la contraria: tras ocho años, el avance logrado según la generalidad de los indicadores es muy escaso, lo que pone en peligro el logro de estas metas en 2030.
Las medidas para revertir esta tendencia deben pasar por la ampliación de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, reduciendo significativamente el porcentaje de non take-up, sin dejar de prestar atención al impacto que sobre los niveles de pobreza tienen los elevados flujos migratorios positivos que está teniendo nuestro país.
The two main anti-poverty strategies that exist in our country: the Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social and the Estrategia de Desarrollo Sostenible, suffer from the same main deficiencies: objectives that are often ambiguous and not always linked to those defined by UN for SDG 1, and a lack of coordination with the strategies developed by the Autonomous Regions and local governments with the same objective.
Similar problems are reproduced in the most powerful anti-poverty measure: the minimum living income.
On the other hand, there is no ministerial report that analyses the existing statistical data on SDG 1, evaluates the progress made towards its goals or points out the measures to be taken to correct possible deviations. Therefore, in order to know the situation regarding the goals of SDG 1, it is necessary to go directly to the indicators developed by the National Statistical Office.
For the non-quantified goals of SDG 1, the indicators show a positive evolution for almost all of them, although it is not clear whether the improvement is sufficient. However, for the quantified goals, the situation is the opposite: after eight years, the progress achieved according to most of the indicators is very low, putting the achievement of these targets in 2030 at risk.
Measures to reverse this trend must include extending the coverage of the minimum subsistence income and significantly reducing the non-take-up rate, while also taking into account the impact on poverty levels of the high positive migratory flows that our country is experiencing.
