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Pedro Montero Tamayo
Una vez que se publicó la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para la Vivienda y Vehículos se encendió un arduo debate respecto a la afectación de esta Ley en la concesión de operaciones crediticias, pues se considera como alternativa la entrega en dación en pago de los bienes financiados y en garantía para cancelar las obligaciones.La principal preocupación por parte de los integrantes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador fue que la nueva ley originaría una desaceleración de la expansión crediticia, aunque no observada necesariamente en forma inmediata, pudiera, en el mediano plazo, haber mayores precauciones para el otorgamiento de créditos disminuyendo con ello el volumen de operaciones.Han transcurrido ya algunos meses luego de promulgada la Ley y, sin embargo, se continúa con el financiamiento tanto de vivienda como de vehículos. La Ley, hasta el momento, no ha ocasionado los efectos negativos augurados por las instituciones financieras. La razón pudiera estar en que la concesión de operaciones crediticias, en nuestro país, siempre ha tenido muchos controles para minimizar el riesgo y esto ayuda a que los casos de devolución de los bienes financiados sean mínimos.En definitiva, la Ley fue emitida para proteger a los deudores que atraviesan épocas de crisis y que no pueden atender oportunamente sus obligaciones.
