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La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, es el mejor paradigma de los últimos años de cómo desnaturalizar una buena idea hasta vaciarla de contenido, para producir con ella justo el resultado contrario de los que eran sus objetivos. Contiene el mandato de desmantelar la estructura orgánica judicial en España y reconvertirla en algo distinto: los Tribunales de Instancia. Las consecuencias de ese nuevo armazón, ajeno al artículo 117.3 de la CE, serán de todo tipo. Solo nos ocuparemos, en estas breves páginas, de las variables orgánicas que producirán en una Administración de Justicia que apenas es consciente de lo que se acerca.
