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Jorge Guerra González
La ruptura intencionada e injustificada del vínculo parental (RIIVP), conocida internacionalmente como alienación parental (AP), sigue siendo un fenómeno ignorado y desatendido. La falta de consenso sobre su existencia y gravedad perpetúa la inacción y el desamparo de las víctimas. Mientras no haya un marco común de discusión, la corrección de este problema seguirá siendo un proceso arduo y prolongado. La RIIVP no solo separa a padres/madres y sus hijos sino que causa profundos daños en la salud de los afectados. En los menores, interfiere en su desarrollo, autoestima y estabilidad psicológica. Para los progenitores excluidos, el impacto puede ser devastador, comparable a la pérdida del ser querido —o aún peor, con sus palabras— implicando consecuencias emocionales igualmente severas. Además, la RIIVP afecta a otros familiares, como abuelos y hermanos, y tiene un efecto transgeneracional que amplifica su impacto a largo plazo. Se estima que cada caso de AP afecta al menos a cinco personas, lo que sugiere decenas de miles de afectados anualmente solo en España. Sus repercusiones se extienden a la salud, el trabajo, la educación y la estabilidad socioeconómica, con un impacto macroeconómico considerable. Sin embargo, la respuesta social sigue siendo insuficiente. En lugar de abordarlo con seriedad, se minimiza, se niega e incluso se prohíbe su discusión. Es imperativo reconocer la AP como un problema de gran magnitud y actuar con determinación para prevenirlo y mitigar sus efectos. La sociedad no puede permitirse seguir ignorando un fenómeno de tal alcance y trascendencia. Pero este es el caso. Aún peor, se llega a negar su existencia. Peor aún: se desinforma y confunde, facilitando su existencia, creando una apariencia de controversia que no es tal. El coste para las víctimas, para toda la sociedad, crece sin parar.
