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La legitimación de las comunidades autónomas para impugnar la Ley Orgánica de Amnistía se sustenta en varios fundamentos. En primer lugar, estas regiones defienden su ámbito competencial, argumentando que la amnistía podría alterar su capacidad de gestionar asuntos dentro de sus competencias, afectando la seguridad pública o el orden constitucional. Además, la ley podría romper el principio de igualdad, al generar diferencias de trato entre ciudadanos de distintas comunidades, lo que afecta la cohesión territorial. Finalmente, impugnar la amnistía es también una forma de garantizar el correcto funcionamiento institucional del Estado, al evitar que se desestabilice el equilibrio entre los poderes autonómicos y estatales. Estas razones respaldan la legitimación de las autonomías para recurrir al Tribunal Constitucional en defensa de sus intereses y del orden constitucional.
