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La escasa regulación y la mala praxis de algunos Juzgados de Instrucción ha convertido la designación de los representantes de las personas jurídicas investigadas en una cuestión de suma relevancia. Evitar imputaciones contrarias a derecho o situaciones de conflicto de interés ha pasado a ser algo tan importante como tener implantado un sistema de prevención de riesgos penales acorde a las exigencias del vigente Código Penal.
