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José Manuel Martínez Fernández
El sistema de financiación de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, diseñado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, perjudica a las provincias con menos habitantes y menos nivel de desarrollo económico, y sobrefinancia a las más pobladas y ricas, al pivotar principalmente sobre la población total de las provincias y los ingresos tributarios del Estado en cada una, y no sobre las competencias y servicios que han de prestar estas entidades locales. Los resultados positivos de las liquidaciones anuales de sus presupuestos, como sucede en Castilla y León, no son reflejo de una financiación suficiente, sino de las limitaciones para el gasto y la inversión. Modificar los criterios de participación en los tributos del Estado, establecer una efectiva participación incondicionada en los ingresos de las CC.AA. y recuperar el canon sobre la producción de energía eléctrica, son medidas necesarias y urgentes para tratar de corregir los desequilibrios territoriales y poder hacer frente al reto demográfico. El permanente debate sobre la financiación de las comunidades autónomas no puede seguir ocultando la quiebra de los principios de solidaridad y cohesión territorial de la financiación provincial
The system of financing of the provincial councils, island councils and councils, designed in the Law Regulating Local Finances, harms the provinces with fewer inhabitants and a lower level of economic development, and overfinances the most populated and richest, by pivoting mainly on the total population of the provinces and the tax revenues of the State in each one, and not on the competences and services that these local entities must provide. The positive results of the annual liquidations of their budgets, as happens in Castilla y León, do not reflect sufficient financing, but rather limitations on spending and investment. Modifying the criteria for participation in State taxes, establishing an effective unconditional participation in the income of the Autonomous Communities and recovering the fee on the production of electric energy, are necessary and urgent measures to try to correct the territorial imbalances and to be able to face the demographic challenge. The ongoing debate on the financing of the autonomous communities cannot continue to hide the failure of the principles of solidarity and territorial cohesion in provincial financing
