José Ignacio Herce Maza
Las tecnologías digitales han revolucionado nuestra vida, pero la Inteligencia Artificial (IA) ha sido especialmente disruptiva. La IA, en particular la generativa, ha generado debates en múltiples áreas, desde la ética hasta el derecho o la economía. En el sector público, la IA puede mejorar la eficiencia en su actuación, pero su uso debe garantizar los derechos fundamentales, pues es necesario que la IA sea fiable, confiable y respetuosa con la dignidad humana. La implementación de la IA ha de estar acompañada de una supervisión humana adecuada y de regulaciones que protejan los derechos fundamentales sin frenar el desarrollo tecnológico. El derecho fundamental a una buena administración en sentido amplio es un elemento imprescindible para que la IA utilizada por la Administración Pública sirva a los intereses generales en respeto de los derechos y libertades individuales de la ciudadanía.
Digital technologies have revolutionized our lives, but Artificial Intelligence (AI) has been particularly disruptive. AI, especially generative AI, has sparked debates in multiple areas, from ethics to law and economics. In the public sector, AI can improve efficiency, but its use must respect fundamental rights, as it is necessary for AI to be reliable, trustworthy, and respectful of human dignity. It is essential that the implementation of AI is accompanied by adequate human supervision and regulations that protect fundamental rights. The fundamental right to good administration in a broad sense is an essential element so that the AI used by the Public Administration serves the general interests in respect of the individual rights and freedoms of citizens.