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Barcelona, España
La gravedad de la pena de prisión ha llevado a la doctrina penal y criminológica a centrar sus esfuerzos de investigación en esta pena, dejando menos tratadas las alternativas a la pena de prisión, que se imponen como sanción por el delito cometido (penas alternativas a la prisión) o como forma de cumplimiento de una pena de prisión (régimen abierto y libertad condicional). Pero este déficit de investigación resulta criticable si tomamos en cuenta que, con datos de 2022, del total de personas condenadas por un delito en España, más del 90% lo son a una pena alternativa a la prisión y un 27% de la población condenada a pena de prisión cumple esta pena en régimen abierto o en libertad condicional. Asumida la centralidad de las alternativas a la prisión en la reacción a la delincuencia, en el trabajo se exponen tres retos principales a los que se enfrenta el desarrollo de estas sanciones en nuestro país: imponer las penas alternativas de acuerdo con modelo punitivo rehabilitador, ejecutarlas atendiendo a las prácticas más efectivas para conseguir evitar la reincidencia de las personas condenadas y ampliar el uso de las alternativas en la ejecución de la pena de prisión. La consecución de estos retos debería llevar a que nuestro sistema punitivo cumpliera mejor con sus objetivos constitucionales.
The seriousness of the sentences served in prison has diminished the interest in alternatives to prison, both as a front-end and back-end sentences. But this lack of research seems strange considering that in Spain in 2022 more that 90% of people convicted received a non-custodial sentence and 27% of people serve a prison sentence in open conditions or on parole. Once we assume the relevance of alternatives to prison there are three major challenges to which this paper is devoted: using the rehabilitation model as a framework for sentencing, implement these sentences according to evidence-based practices and extend the use of open conditions and parole in the execution of prison sentences. Achieving these challenges will make the Spanish criminal justice system more in line with its constitutional aims.
