Notificación y publicidad de las adjudicaciones
págs. 4-8
¿Es necesario acudir a la pública licitación para realizar encomiendas a TRAGSA por parte de las Comunidades Autónomas?
pág. 9
¿Debe exigirse la garantía definitiva y, en su caso, la garantía provisional en los contratos privados que celebre la administración?
pág. 10
¿Es obligatorio que las empresas que constituyen la UTE tengan que tener todas ellas el objeto social adaptado al contenido del contrato?
págs. 11-12
¿Es factible excluir la exigencia de clasificación en un procedimiento negociado, iniciado por haberse declarado desierto un concurso de servicios, en aplicación del art. 25.5 TRLCAP?
págs. 13-14
¿Es posible delegar la competencia para iniciar el expediente de contratación?
pág. 15
¿Es viable la prórroga de los contratos de gestión de servicios públicos en los que no se establece tal posibilidad y modificar un contrato prorrogado?
pág. 18
¿Es necesaria la coincidencia entre los objetos sociales de las empresas que forman una unión temporal de empresas y el objeto del contrato?
pág. 20
Conformidad a derecho de unas bases que exigen al contratista que en su equipo se integre un ingeniero de caminos
pág. 25
La clasificación del contratista en un número de subgrupos superior a cuatro
pág. 27
Régimen jurídico de contratación aplicable al ente público de RTVE y sociedades estatales
pág. 28
Licitaciones convocadas por INSALUD. Criterios de valoración. Principio de no discriminación
pág. 30
Análisis de los contratos bancarios y de seguros en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas con especial referencia a las Corporaciones Locales
José Luis Vicente Iglesias
págs. 37-46
Régimen jurídico de la prsentación de las proposiciones (I)
Isabel Gallego Córcoles
págs. 47-53
© 2026 INAP - Todos los derechos reservados