En este trabajo, tras describir la variables clínicas y sociales que se utilizan en servicios asistenciales para la priorización de pacientes ante recursos limitados, así como los enfrentamientos bioéticos entre neokantianos y utilitaristas respecto de su legitimidad por la posible vulneración de derechos constitucionales en su aplicación, se defiende terminar con la opacidad que tradicionalmente ha presidido todo lo atinente a la elección y utilización de criterios de priorización, que ha sido siempre responsabilidad exclusiva de los profesionales sanitarios a pesar de que las decisiones que adoptan limitan derechos constitucionales, y la conveniencia de elaborar y aprobar una ley básica estatal que los regule y unifique, liberando así a los profesionales sanitarios de esa injusta carga.