La fase de adjudicación de los contratos administrativos implica la intervención en ocasiones preceptiva de órganos especializados que tienen que valorar todas las circunstancias concurrentes para verificar que el empresario que pretende una licitación cumple con los requisitos exigidos ex lege. Sin embargo, la verificación de la capacidad exige, en el concreto caso de las prohibiciones de contratar, una labor exhaustiva y metódica que implica diferentes labores. Los órganos de asistencia técnica en la materia deben estar habituados al manejo tanto de los registros como de la documentación necesaria para poder advertir la existencia de todos los requisitos de capacidad del licitador.