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Madrid, España
El complejo e imparable proceso de globalización en el cual la sociedad está inmersa, y que implica y abarca múltiples ámbitos y factores tales como el mercado, la economía, la relación entre los ciudadanos y entre éstos y la Administración pública, el comercio electrónico y las relaciones con las entidades financieras, la comunicación y el suministro e intercambio de información, y un largo etcétera, ha supuesto un reto enorme para los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados, que observan perplejos la dificultad que conlleva tratar de regular, legislar o, al menos, garantizar jurídicamente, una actividad cada vez más global que ya no entiende de fronteras, espacios físicos o idiomas, y que el legislador no puede limitarse a observar. Asimismo, la innovación tecnológica y la modernización están jugando un papel preponderante en este proceso, e instrumentos como el acceso a Internet, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, la digitalización, la mejora y modernización de los medios de transporte y, en general, el desarrollo vertiginoso de la ciencia y la informática, han acelerado todavía más el proceso, siendo el medio a través del cual la globalización ha dejado de ser algo meramente anecdótico.
Ante este escenario, la necesidad de abordar fórmulas innovadoras en el Derecho que den la respuesta deseada a este fenómeno se hace cada vez más palpable, y surgen planteamientos diversos que abogan, o bien por el desarrollo de un Derecho global o de disciplinas jurídicas globales como un posible Derecho Administrativo global, o bien por el establecimiento de instrumentos que, al menos, permitan interconectar ordenamientos jurídicos distintos. Ésta última fórmula ha sido la empleada mayoritariamente, y es la que ha generado la existencia de organismos internacionales, convenios y acuerdos internacionales reguladores de determinadas materias, instrumentos de participación multinivel y un sinfín de fórmulas que, en algunos supuestos, han complicado más la tarea. Tal vez la respuesta la tengamos en la propia tecnología, motor del proceso de expansión y aceleración de la globalización, la cual podría ser utilizada por los propios Estados, y por la propia Administración pública para, operando como un usuario o actor más de la misma, interactuar con el administrado y estar presente en los canales y soportes que actualmente se usan, evitando la separación público-privada que en estas décadas se está produciendo de manera más intensa. Un cambio de paradigma y de visión puede ser la respuesta a un reto que ya ha sido abordado en el ámbito privado, el cual precisamente demanda una respuesta pública que esté a la altura de los recientes acontecimientos
The complex and unstoppable process of globalization in which society is immersed, and which involves and covers multiple areas and factors such as the market, the economy, the relationship between citizens and between them and the public administration, electronic commerce and relations with financial institutions, communication and the supply and exchange of information, and a long etcetera, has posed an enormous challenge to the legal systems of the various States, which are perplexed by the difficulty involved in trying to regulate, legislate or at least legally guarantee an increasingly global activity that no longer understands borders, physical spaces or languages, and which the legislator cannot simply observe. Likewise, technological innovation and modernization are playing a preponderant role in this process, and instruments such as access to the Internet, new communication and information technologies, digitalization, improvement and modernization of means of transport and, in general, the dizzying development of science and information technology, have further accelerated the process, being the means through which globalization has ceased to be merely anecdotal.
Faced with this scenario, the need to address innovative formulas in the law that provide the desired response to this phenomenon is becoming increasingly evident, and various approaches have emerged that advocate either the development of a global law or global legal disciplines as a possible global administrative law, or the establishment of instruments that, at least, allow the interconnection of different legal systems. This last formula has been the one used mostly, and it has generated the existence of international organizations, international conventions and agreements regulating certain matters, instruments of multilevel participation and an endless number of formulas that, in some cases, have further complicated the task. Perhaps the answer lies in technology itself, the driving force behind the process of expansion and acceleration of globalization, which could be used by the States themselves, and by the public administration itself, to operate as another user or actor of the same, to interact with the administered and be present in the channels and supports that are currently used, avoiding the public-private separation that is taking place more intensely in these decades. A change of paradigm and vision may be the answer to a challenge that has already been addressed in the private sphere, which precisely demands a public response that is up to date with recent events.
