Acceso usuarios
Mónica González Contró
Este texto tiene como objetivo analizar el proceso de consolidación a partir de la función del Interés Superior del Niño (ISN) como principio y su aplicación concreta en México. Para ello se describe la evolución de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) en México y la incorporación del ISN a la Constitución mexicana y las leyes derivadas de ésta. Posteriormente se entrará al estudio de la interpretación del ISN en la doctrina jurídica, en diversos criterios jurisprudenciales y en documentos de política pública, para finalmente proponer una clasificación de tres funciones que puede tener el ISN como principio en el razonamiento práctico.La hipótesis central de este trabajo es que, si bien el ISN ha tenido un efecto favorable al reconocimiento legal y protección de derechos de NNA, su aplicación sigue estando fuertemente constreñida al ámbito familiar, por lo que resulta necesario seguir insistiendo en su función en el espacio de la política pública. A este fin puede contribuir su comprensión como principio que puede aplicarse en el razonamiento práctico en casos concretos, tanto colectivos como individuales, partiendo de la especificidad de los derechos de NNA.
This text aims to analyze the consolidation process based on the role of the Best Interestsof the Child(BIC) as a principle and its concrete application in Mexico. For this, the evolution of the rights of children and adolescents in Mexico and the incorporation of the BICto the Mexican Constitution and the laws derived from it are described. Subsequently, will enter into the study of the interpretation of the BICin the legal doctrine, in various jurisprudential criteria and in public policy documents, to finally propose a classification of three functions that the BICmay have as a principle in practical reasoning.The central hypothesis of this work is that, although the ISN has had a favorable effect on the legal recognition and protection of the rights of children, its application remains strongly constrained to the family environment, so it is necessary to continue insisting on its role in the Public policy space. To this end, their understanding can contribute as a principle that can be applied in practical reasoning in specific cases, both collective and individual, based on the specificity of the rights of children.
