Con la premisa de que el terrorismo cuesta, durante años los gobiernos han cerrado el acceso de los terroristas al sistema financiero mundial. Es posible que se haya disuadido a los extremistas de utilizarlo, pero no hay pruebas de que se haya impedido ningún atentado, por lo que los gobiernos deberían adoptar una estrategia más amplia que comprenda opciones diplomáticas, militares y legales.