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Este comentario ofrece una perspectiva acerca de la problemática legal, económica e institucional relacionada con una nueva forma de adquisiciones que se puede realizar a partir de la reforma energética de 2008. Se ofrece un estudio de caso de la adquisición por Pemex Exploración y Producción (PEP) de servicios para un nuevo desarrollo de un contrato de largo plazo de campos ubicados en tres cuadrantes en el estado de Tabasco. La adquisición se llevó a cabo por medio de una licitación en la cual el único componente de la licitación fue con respecto a la oferta de precio por barril. La naturaleza del contrato fue la de una subcontratación, una práctica común a nivel mundial en la cual una empresa explotadora con derechos de arrendatario de una superficie le otorga en subarrendamiento a otra empresa los derechos que a su vez recibe un beneficio legal de los ingresos de la producción futura del pozo o pozos que esta ultima pudiera perforar. El texto cuestiona la legitimidad y la justificación legal del criterio de otorgarlo al postor con el menor precio, y advierte que Pemex realizó una interpretación ad hoc del artículo 6 de la Ley Federal del Petróleo para justificar el concepto de precio de barril. Por último, el comentario pregunta si la nueva modalidad contractual representa, en primer lugar, un nuevo capítulo en la política del petróleo mexicano y, en segundo lugar, si constituye un paso hacia la privatización.
This article offers a perspective on the legal, economic and institutional issues associated with a new type of procurement transaction that was made possible by the Energy Reform of 2008. The procurement by Pemex Exploration & Production (E&P) concerned the purchase of field redevelopment services on a long-term contract in three blocks located in the state of Tabasco. The procurement was carried out by means of a public tender in which the sole biddable element was the offered fee/barrel. The character of the contract was that of a farm-out, that is, the common practice, found internationally, by which an operating company with leaseholder rights to acreage in effect subleases an area to another company which, in return, receives a legal interest in the revenue from future production of the well or wells that the second company may drill. The discussion calls into question the legality and economic justification of the lowest-price award criterion, and observes that Pemex made an ad hoc interpretation of Article 6 of the Petroleum Law to justify the concept of a fee/barrel. Finally, the report asks if the new contractual modality represents, in the first place, a new chapter in Mexican oil policy, and, in the second place, does it represent a step toward privatization.
