Acceso usuarios
María José Santos Morón
El uso de internet se ha expandido de tal modo que el mundo digital constituye un elemento cotidiano de nuestras vidas. En la actualidad se adquieren constantemente bienes y servicios de carácter digital a través de la red; se almacenan documentos en la nube; se publican fotos, contenidos íntimos, opiniones, en redes sociales y blogs y se llevan a cabo juegos y actividades de ocio por medio de internet. Pero ¿qué sucede con las comunicaciones electrónicas de un sujeto, la información almacenada por él en la red o la música o libros digitales adquiridos por éste cuando muere? Este artículo analiza los problemas que presenta la transmisión “mortis causa” de los bienes digitales y pone de manifiesto la insuficiencia de las reglas generales del Derecho sucesorio para solucionarlos así como la conveniencia de contar con una regulación específica. A continuación se examinan las soluciones legales propuestas o ya adoptadas en distintos ordenamientos, con el fin de extraer conclusiones acerca del mejor modo de regular esta cuestión. Estas conclusiones se contrastan, por último, con las reglas que pretende instaurar el Proyecto de ley de Protección de Datos que se encuentra en tramitación.
The use of the internet has been expanded in such a way that the digital world represents a daily element in our life. Nowadays, products and services –analog or digital- are constantly purchased through the internet; digital documents are stored in the cloud; pictures, private information or opinions are uploaded on social networks or blogs and games and leisure activities are carried out through the internet. But ¿what’s the fate of a person’s electronic communications when he dies, of the information stored by him on the network or of the digital music or books acquired through the internet? This paper analyzes the problems involved in the transfer of digital assets upon death and highlights that the probate system is not sufficient to solve them and specific regulation should be enacted. It continues by examining the legal solutions proposed or enacted in different legal systems with the purpose to obtain conclusions about the best way to regulate this issue. These conclusions are compared, finally, with the rules contained in the Spanish Bill of Protection of personal data currently in process.
