La reforma del sistema penal en España se ha basado en el incremento de las penas y en la creación de nuevos delitos. Lejos de favorecer la prevención de los delitos o contribuir a la reinserción social de los internos, las medidas político-legales puestas en marcha por el anterior gobierno del PP lo único que han conseguido es llenar las cárceles españolas, que superan el 130 por ciento de ocupación.