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Luis González del Campo
La mayoría de los reglamentos parlamentarios españoles prevén procedimientos destinados al examen de las herramientas de gestión e información que el Gobierno utiliza en el desarrollo de las políticas públicas, agrupados en torno a las figuras de las comunicaciones, programas, planes e informes. Aunque la práctica y el interés doctrinal sobre dichos procedimientos han sido escasos, un número creciente de leyes sectoriales, estatales y autonómicas, imponen la participación parlamentaria en la programación de las políticas sectoriales, o en la información a posteriori sobre los resultados de su gestión. Esa participación, a la vista de los reglamentos parlamentarios vigentes, debe reconducirse a los procedimientos mencionados, lo que aconseja su revisión como instrumentos para favorecer una eventual renovación de las funciones del Parlamento como órgano de evaluación e impulso de las políticas públicas. Ello contrasta, sin embargo, con el reciente impulso gubernamental de la actividad específicamente evaluadora apostando por un modelo de adscripción de dicha función al poder Ejecutivo.
El análisis se completa con un breve excurso sobre el caso francés, donde la reforma constitucional de 2008 ha supuesto la atribución al Parlamento de la función de evaluación de las políticas públicas, hasta entonces residenciada en órganos gubernamentales de carácter interministerial.
