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Durante la campaña electoral previa a las recientes elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo se planteó la propuesta de restringir la participación electoral de los emigrantes españoles a los comicios generales excluyéndoles, por tanto, de las elecciones municipales y autonómicas. La sugerencia se fundamenta en el grado de vinculación del ciudadano al territorio como requisito para el ejercicio de los derechos políticos de forma que las personas que decidan sean asimismo las destinatarias de las normas. Resulta muy llamativo que este mismo argumento se esgrime para reclamar exactamente lo contrario: la ampliación del reconocimiento del derecho de sufragio a los extranjeros que residen en España. Las líneas que siguen pretenden un análisis jurídico para examinar la viabilidad de la propuesta: el concepto de nacionalidad, la posibilidad de su gradación o los límites constitucionales de la misma son algunos de los aspectos sobre los que se reflexionará.
